Recientemente fueron publicadas en el Boletín Oficial las Resoluciones Generales 1 y 2/2012 de la IGJ, ambas vinculadas con el lavado de activos. La Res. N˚ 1 establece la obligación de las sociedades que se dedican a la captación del ahorro público con promesas de contraprestaciones futuras a presentar una declaración jurada anual sobre el estado de cumplimiento de la normativa vinculada a la prevención de comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por otra parte, con los mismos argumento, la Res. 2/2012 establece la obligatoriedad de presentar a partir del 1° de marzo de 2012, una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de las asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma de $ 100.000 o el equivalente en especie en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a $ 100.000 pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días. En los casos en que las donaciones o aportes de terceros superen los $200.000 o el equivalente en especie deberán presentar documentación respaldatoria que justifique su origen. También esta resolución dispone la obligación de presentar una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución UIF N° 11/2011.