El pasado 10 de marzo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó la medida cautelar decretada en los autos “Valsecchi S.A. y otros c/ EN – Jefatura de Gabinete de Ministros s/ Proceso de Conocimiento”) por la que se cuestiona la constitucionalidad de las tasas anuales exigidas por la Inspección General de Justicia.