«Chambers and Partners» nos ha calificado dentro de los mejores en el área de Energía y Recursos Naturales: GAS y Petróleo sosteniendo: «A pesar de que este estudio boutique proporciona vastos servicios en las áreas corporativas, finanzas, impuestos y juicios contenciosos, lo que la hace sobresalir es su hincapié en las empresas de transporte de gas. Entre los clientes más representativos se encuentran Transportadora de Gas del Mercosur, Transportadora de Gas del Norte y Total Gas y Electricidad Argentina.»

Algunas fuentes opinan lo siguiente: «Valoramos este estudio por su amplio conocimiento en regulaciones y por la vasta experiencia de sus abogados».

Tras un proceso iniciado en el año 2008, la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”) ha aprobado una nueva versión de su Reglamento de Arbitraje aplicable a los procedimientos que se inicien a partir del 1° de enero de 2012.

El nuevo Reglamento mantiene su enfoque y espíritu anteriores y, a la vez, incorpora importantes modificaciones y temas novedosos.

Las modificaciones responden al objetivo de adaptar el Reglamento a la mayor complejidad de las disputas comerciales, la creciente necesidad de adoptar medidas cautelares con carácter urgente, la búsqueda de una reducción de los tiempos y costos del arbitraje así como a permitir que el Reglamento se adapte mejor a las particularidades del arbitraje de inversión.

Para mayores detalles sobre esta materia, comunicarse con María Mercedes Premrou: mpremrou@cfpabogados.com.ar

Recientemente fueron publicadas en el Boletín Oficial las Resoluciones Generales 1 y 2/2012 de la IGJ, ambas vinculadas con el lavado de activos. La Res. N˚ 1 establece la obligación de las sociedades que se dedican a la captación del ahorro público con promesas de contraprestaciones futuras a presentar una declaración jurada anual sobre el estado de cumplimiento de la normativa vinculada a la prevención de comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, con los mismos argumento, la Res. 2/2012 establece la obligatoriedad de presentar a partir del 1° de marzo de 2012, una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de las asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma de $ 100.000 o el equivalente en especie en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a $ 100.000 pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días. En los casos en que las donaciones o aportes de terceros superen los $200.000 o el equivalente en especie deberán presentar documentación respaldatoria que justifique su origen. También esta resolución dispone la obligación de presentar una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución UIF N° 11/2011.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 1164, se dispuso que la tasa anual vencerá el día 30 de septiembre.

El pasado 10 de marzo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó la medida cautelar decretada en los autos “Valsecchi S.A. y otros c/ EN – Jefatura de Gabinete de Ministros s/ Proceso de Conocimiento”) por la que se cuestiona la constitucionalidad de las tasas anuales exigidas por la Inspección General de Justicia. Sigue leyendo →

En una causa iniciada por uno de nuestros clientes, el pasado 19 de agosto el Poder Judicial concedió una medida cautelar de no innovar solicitada en el marco de una acción declarativa (“Valsecchi S.A. y otros c/ EN – Jefatura de Gabinete de Ministros s/ Proceso de Conocimiento”) por la que se cuestiona la constitucionalidad de las tasas anuales exigidas por la Inspección General de Justicia. Sigue leyendo →

En una causa iniciada por uno de nuestros clientes, el pasado 19 de agosto el Poder Judicial concedió una medida cautelar de no innovar solicitada en el marco de una acción declarativa (“Valsecchi S.A. y otros c/ EN – Jefatura de Gabinete de Ministros s/ Proceso de Conocimiento”) por la que se cuestiona la constitucionalidad de las tasas anuales exigidas por la Inspección General de Justicia. Sigue leyendo →